El cambio institucional dirigida y orientada a un
desarrollo económico requiere además de una transformación social basada en la
restructuración de su organización y funcionamiento con el fin de establecer
planteamientos y estrategias de innovación conducentes a mantener un equilibrio
dinámico de la sociedad.
Sin embargo, este equilibrio dinámico de la
sociedad que se traduce en progreso económico, no podría alcanzarse si
previamente no se realiza una renovación estructural de las instituciones que
se fundamente en el procesamiento de la información.
Este cambio organizativo, también implica superar
los diversos obstáculos que se presentan en un sistema socioeconómico. Es así,
que existen restricciones de carácter político que permiten la persistencia del
atraso económico en un país.
La función del Estado en este contexto, debe
inclinarse al desarrollo de un ambiente de estabilidad política y jurídica así
como implementar incentivos de producción social basada en un sistema de libre
mercado, permitiendo la iniciativa institucional como prioridad de su
planteamiento económico.
Es preciso tener en cuenta que en la dimensión de
proceso de cambio institucional de una empresa, puede presentarse una
serie de factores ya sean endógenos,
como políticas económicas que son parte de una sociedad; o factores exógenos
como la crisis internacional que repercuten en un país y que se relaciona con
la economía de escala.
Asimismo otros de los problemas que impiden esta
estructuración social, es la inactividad institucional, que se expresa a través
de la exclusión social y por tanto la existencia de una desigualdad en la
distribución de la riqueza, todo lo cual contempla una limitación en la capacidad
productiva de un país.
Finalmente, conviene plantear un cambio
institucional que tenga como acciones principales la implantación de políticas
socio-económicas efectivas que conjugadas con la promoción de la información,
innovación e inversión, permitan un crecimiento económico sostenible.
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