viernes, 21 de abril de 2017

LOS GRUPOS EMPRESARIALES: EN DEBATE OPCIÓN DE REGULACIÓN COMO UN TIPO ESPECIAL DE CONTRATO


Hace muy poco tiempo, por Resolución Ministerial Nº 0182- 2014-JUS de fecha 8 de agosto del 2014, se constituyó un grupo de trabajo encargado de revisar y proponer mejoras respecto a la Ley General de Sociedades (en adelante simplemente LGS), y otras normas en materia de personas jurídicas mercantiles. Esto con la finalidad de otorgar un marco regulatorio acorde a los cambios socioeconómicos que se vienen produciendo en el país, otorgar a los inversionistas nacionales y extranjeros un marco jurídico que fortalezca e incentive la inversión y aumente la competitividad en la economía, con base en reglas eficientes de organización empresarial, a través de las sociedades y demás personas jurídicas mercantiles, a las que a todas ellas, para fines prácticos denominaremos simplemente como “Empresas”, que es una expresión con reconocimiento constitucional inclusive.
Específicamente, en lo que se refiere a la LGS, no solamente en el seno del mencionado grupo de trabajo, sino también dentro de nuestro propio gremio de abogados vinculados a la actividad empresarial, hay dos tendencias o corrientes. La primera de ellas proclive a confirmar, ratificar y seguir con la misma estructura de la LGS, pero proclive a incorporar algunas modificaciones puntuales, que pueden inclusive requerir adicionar párrafos o en algunos casos nuevos artículos, siguiendo la misma metodología que se ha utilizado con las Leyes N° 29566, 28370, 30050 y el Decreto Legislativo N° 1061, entre otras normas, mediante las cuales se han introducido nuevos artículos, con la misma numeración, pero utilizando las letras A,B,C y siguientes, y además, según los casos, proponiendo la creación de nuevos artículos que obligarían a correr la numeración correlativa; tendencia que reconoce la necesidad de recoger la importante jurisprudencia, tanto judicial como registral. La segunda tendencia o corriente es proclive al aprovechamiento de la oportunidad presentada, para renovar completamente la normativa con la finalidad de incorporar las modernas instituciones societarias y regular de manera distinta las reglas básicas fundamentales, creando con ello un nuevo marco legal más flexible, menos rígido y con mayor cabida a la autonomía de la voluntad.

miércoles, 12 de abril de 2017

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

1. INTRODUCCIÓN
La constitución de una sociedad anónima es un hecho de gran trascendencia social, y ello por varios motivos:
1°. Nace una nueva persona jurídica que, de ordinario, se relacionará con terceros en el tráfico económico y jurídico.
2°. En esta nueva persona jurídica sus socios no responden personalmente de las deudas sociales.
Una de las principales características de la Sociedad Anónima es la responsa­bilidad limitada de los socios. Los socios de la sociedad anónima no responderán personalmente de las deudas sociales. Así, el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/ 1989, de 22 de diciembre, dice: “En la sociedad anónima el capital, que estará dividido en acciones, se integrará por las aportaciones de los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales.”
A diferencia de otras formas de compañía mercantil -como son las socieda­des colectivas-, en la sociedad anónima no se extiende a los socios la responsabi­lidad personal, universal y patrimonial a que se refiere el artículo 1911 del Código Civil, cuando dice que “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros". En la sociedad anónima, de las deudas sociales responderá el propio patrimonio social, y sólo de forma subsidiaria, y en los supuestos establecidos en la ley, responderán los administradores.
La responsabilidad limitada de los socios implica un riesgo de inseguridad jurídica al que se podrían ver sometidos los terceros que se relacionasen con la sociedad anónima, o los propios socios que han invertido parte de su patrimonio en la sociedad, de no establecerse un mecanismo legal que posibilite hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los sujetos que gestionan y administran la sociedad, esto es, la responsabilidad subsidiaria de los administradores. Se trata de poner un límite a las facultades discrecionales de los administradores en el ejercicio de sus funciones de gestión de la sociedad, y ese límite lo determina su comportamiento diligente.

jueves, 6 de abril de 2017

PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD CAMBIARIA

La prescripción y caducidad de los derechos cambiarios, derivadas de la no actuación de las acciones de cobro respectivas dentro de los plazos otorgados de ley, por la naturaleza ejecutiva y a la vocación circulatoria de los títulos valores, cuentan con plazos muy cortos, además de presentar otros matices aplicativos observados (y consolidados) en las sentencias ju­diciales. A continuación una muestra de este panorama jurisprudencial.
1. ALCANCES DE LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO CAMBIARIO
La prescripción tiene un tratamiento especial en el Dere­cho cambiarlo y, por tal motivo, la normativa civil a priori no resultaría aplicable en estos casos (por existir dispo­sitivos especiales en las leyes mercantiles). Esto ha sido consagrado por la jurisprudencia que se ha encargado de distinguir la prescripción común de la cambiaría. Sin per­juicio de ello, en la práctica jurisprudencial no ha existido óbice para que los jueces apliquen supletoriamente alguna de las reglas civiles, particularmente las referidas a la de­terminación y conteo del plazo, con la finalidad de verifi­car si ha operado o no prescripción.
¿Cuál es la diferencia entre la pres­cripción cambiaría y la común?
El ejercicio de las acciones cambiarías está revestido de formalidades que deben ser cumplidas por quien detente el derecho cartular, así la prescripción cambiaría se diferen­cia de la del derecho común en que no admite interrupción ni suspensión, salvo en el caso que se hubiera presentado una demanda judicial o arbitral dentro del plazo prescriptorio, con lo que se excluye la posibilidad de interrumpir la prescripción por otro acto que no sea la interposición de la demanda; por esta razón, carece de sustento el argumento de que la prescripción solo se interrumpiría con la notifi­cación de la demanda, como lo establecía el artículo 205 de la derogada Ley N° 16587, tampoco resultan de apli­cación el inciso 3 del artículo 1996 del Código Civil ni el inciso 4 del artículo 438 del Código Procesal Civil, en ob­servancia del principio Lex specialis derogat ex generalis, pues dichos ordenamientos legales no contienen disposi­ciones sobre Derecho cambiario (Cas. N° 199-2003-Lima. Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia. 21/07/2004).

viernes, 24 de marzo de 2017

EL CONTRATO DE MERCHANDISING: UNA NUEVA MODALIDAD COMERCIAL

La aparición del merchandising no está bien establecida, ya que no hay parámetros objetivos para fijar su primera aparición o el inicio de esta. Pero se cree que se encuentra ligado al cambio en la forma de comercio tradicional, donde el comerciante solo era el intermediario entre el productor y el comprador. En cambio, el comerciante de ahora −hoy llamado empresario− pasa a ser un consultor para el cliente, ocasionando que su participación vaya disminuyendo, fomentando la compra.
Pero con la aparición de la empresa, el mundo económico evoluciona a tal punto que los cuerpos legales no prevén en su marco normativo nuevas formas de comercio. Esto es producto del cambio que da la globalización, también llamada mundialización, y esto se basa en que los países interactúan más en el tráfico comercial; naciendo así nuevos tipos de negocios, los cuales surgen por el crecimiento de las relaciones comerciales internacionales, lo cual se debe al libre comercio. Esto brinda pautas e instrumentos legales comunes, flexibles y ágiles; generándose otros tipos de contratos de acuerdo con la realidad mercantil y nuevos entes que son estudiados por el Derecho. Ante esta realidad, nace lo que hoy llamamos el contrato de merchandising.
Este es un instrumento, en un principio comercial y que lo luego pasó al ámbito jurídico contractual, que permite la obtención del permiso o cesión de uso de un bien inmaterial, como una marca de renombre, una obra protegida por los derechos de autor, o un aspecto determinado de la imagen de una persona famosa, para explotarlos comercialmente, como distintivos de los servicios o productos ofrecidos por estas empresas. Esto se da, a  través de la incorporación de sus atributos en los productos de la licenciataria, de manera que formen parte del bien o servicio que reconocen como uno solo.

ACC

viernes, 21 de abril de 2017

LOS GRUPOS EMPRESARIALES: EN DEBATE OPCIÓN DE REGULACIÓN COMO UN TIPO ESPECIAL DE CONTRATO


Hace muy poco tiempo, por Resolución Ministerial Nº 0182- 2014-JUS de fecha 8 de agosto del 2014, se constituyó un grupo de trabajo encargado de revisar y proponer mejoras respecto a la Ley General de Sociedades (en adelante simplemente LGS), y otras normas en materia de personas jurídicas mercantiles. Esto con la finalidad de otorgar un marco regulatorio acorde a los cambios socioeconómicos que se vienen produciendo en el país, otorgar a los inversionistas nacionales y extranjeros un marco jurídico que fortalezca e incentive la inversión y aumente la competitividad en la economía, con base en reglas eficientes de organización empresarial, a través de las sociedades y demás personas jurídicas mercantiles, a las que a todas ellas, para fines prácticos denominaremos simplemente como “Empresas”, que es una expresión con reconocimiento constitucional inclusive.
Específicamente, en lo que se refiere a la LGS, no solamente en el seno del mencionado grupo de trabajo, sino también dentro de nuestro propio gremio de abogados vinculados a la actividad empresarial, hay dos tendencias o corrientes. La primera de ellas proclive a confirmar, ratificar y seguir con la misma estructura de la LGS, pero proclive a incorporar algunas modificaciones puntuales, que pueden inclusive requerir adicionar párrafos o en algunos casos nuevos artículos, siguiendo la misma metodología que se ha utilizado con las Leyes N° 29566, 28370, 30050 y el Decreto Legislativo N° 1061, entre otras normas, mediante las cuales se han introducido nuevos artículos, con la misma numeración, pero utilizando las letras A,B,C y siguientes, y además, según los casos, proponiendo la creación de nuevos artículos que obligarían a correr la numeración correlativa; tendencia que reconoce la necesidad de recoger la importante jurisprudencia, tanto judicial como registral. La segunda tendencia o corriente es proclive al aprovechamiento de la oportunidad presentada, para renovar completamente la normativa con la finalidad de incorporar las modernas instituciones societarias y regular de manera distinta las reglas básicas fundamentales, creando con ello un nuevo marco legal más flexible, menos rígido y con mayor cabida a la autonomía de la voluntad.

miércoles, 12 de abril de 2017

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

1. INTRODUCCIÓN
La constitución de una sociedad anónima es un hecho de gran trascendencia social, y ello por varios motivos:
1°. Nace una nueva persona jurídica que, de ordinario, se relacionará con terceros en el tráfico económico y jurídico.
2°. En esta nueva persona jurídica sus socios no responden personalmente de las deudas sociales.
Una de las principales características de la Sociedad Anónima es la responsa­bilidad limitada de los socios. Los socios de la sociedad anónima no responderán personalmente de las deudas sociales. Así, el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/ 1989, de 22 de diciembre, dice: “En la sociedad anónima el capital, que estará dividido en acciones, se integrará por las aportaciones de los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales.”
A diferencia de otras formas de compañía mercantil -como son las socieda­des colectivas-, en la sociedad anónima no se extiende a los socios la responsabi­lidad personal, universal y patrimonial a que se refiere el artículo 1911 del Código Civil, cuando dice que “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros". En la sociedad anónima, de las deudas sociales responderá el propio patrimonio social, y sólo de forma subsidiaria, y en los supuestos establecidos en la ley, responderán los administradores.
La responsabilidad limitada de los socios implica un riesgo de inseguridad jurídica al que se podrían ver sometidos los terceros que se relacionasen con la sociedad anónima, o los propios socios que han invertido parte de su patrimonio en la sociedad, de no establecerse un mecanismo legal que posibilite hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los sujetos que gestionan y administran la sociedad, esto es, la responsabilidad subsidiaria de los administradores. Se trata de poner un límite a las facultades discrecionales de los administradores en el ejercicio de sus funciones de gestión de la sociedad, y ese límite lo determina su comportamiento diligente.

jueves, 6 de abril de 2017

PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD CAMBIARIA

La prescripción y caducidad de los derechos cambiarios, derivadas de la no actuación de las acciones de cobro respectivas dentro de los plazos otorgados de ley, por la naturaleza ejecutiva y a la vocación circulatoria de los títulos valores, cuentan con plazos muy cortos, además de presentar otros matices aplicativos observados (y consolidados) en las sentencias ju­diciales. A continuación una muestra de este panorama jurisprudencial.
1. ALCANCES DE LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO CAMBIARIO
La prescripción tiene un tratamiento especial en el Dere­cho cambiarlo y, por tal motivo, la normativa civil a priori no resultaría aplicable en estos casos (por existir dispo­sitivos especiales en las leyes mercantiles). Esto ha sido consagrado por la jurisprudencia que se ha encargado de distinguir la prescripción común de la cambiaría. Sin per­juicio de ello, en la práctica jurisprudencial no ha existido óbice para que los jueces apliquen supletoriamente alguna de las reglas civiles, particularmente las referidas a la de­terminación y conteo del plazo, con la finalidad de verifi­car si ha operado o no prescripción.
¿Cuál es la diferencia entre la pres­cripción cambiaría y la común?
El ejercicio de las acciones cambiarías está revestido de formalidades que deben ser cumplidas por quien detente el derecho cartular, así la prescripción cambiaría se diferen­cia de la del derecho común en que no admite interrupción ni suspensión, salvo en el caso que se hubiera presentado una demanda judicial o arbitral dentro del plazo prescriptorio, con lo que se excluye la posibilidad de interrumpir la prescripción por otro acto que no sea la interposición de la demanda; por esta razón, carece de sustento el argumento de que la prescripción solo se interrumpiría con la notifi­cación de la demanda, como lo establecía el artículo 205 de la derogada Ley N° 16587, tampoco resultan de apli­cación el inciso 3 del artículo 1996 del Código Civil ni el inciso 4 del artículo 438 del Código Procesal Civil, en ob­servancia del principio Lex specialis derogat ex generalis, pues dichos ordenamientos legales no contienen disposi­ciones sobre Derecho cambiario (Cas. N° 199-2003-Lima. Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia. 21/07/2004).

viernes, 24 de marzo de 2017

EL CONTRATO DE MERCHANDISING: UNA NUEVA MODALIDAD COMERCIAL

La aparición del merchandising no está bien establecida, ya que no hay parámetros objetivos para fijar su primera aparición o el inicio de esta. Pero se cree que se encuentra ligado al cambio en la forma de comercio tradicional, donde el comerciante solo era el intermediario entre el productor y el comprador. En cambio, el comerciante de ahora −hoy llamado empresario− pasa a ser un consultor para el cliente, ocasionando que su participación vaya disminuyendo, fomentando la compra.
Pero con la aparición de la empresa, el mundo económico evoluciona a tal punto que los cuerpos legales no prevén en su marco normativo nuevas formas de comercio. Esto es producto del cambio que da la globalización, también llamada mundialización, y esto se basa en que los países interactúan más en el tráfico comercial; naciendo así nuevos tipos de negocios, los cuales surgen por el crecimiento de las relaciones comerciales internacionales, lo cual se debe al libre comercio. Esto brinda pautas e instrumentos legales comunes, flexibles y ágiles; generándose otros tipos de contratos de acuerdo con la realidad mercantil y nuevos entes que son estudiados por el Derecho. Ante esta realidad, nace lo que hoy llamamos el contrato de merchandising.
Este es un instrumento, en un principio comercial y que lo luego pasó al ámbito jurídico contractual, que permite la obtención del permiso o cesión de uso de un bien inmaterial, como una marca de renombre, una obra protegida por los derechos de autor, o un aspecto determinado de la imagen de una persona famosa, para explotarlos comercialmente, como distintivos de los servicios o productos ofrecidos por estas empresas. Esto se da, a  través de la incorporación de sus atributos en los productos de la licenciataria, de manera que formen parte del bien o servicio que reconocen como uno solo.