jueves, 25 de mayo de 2017

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Para un mejor conocimiento de las obligaciones y derechos de las partes intervinientes en este contrato, considero que previo es necesario un análisis de la operatividad del mismo y a tal fin diremos: El empresario que desea equiparse o reequiparse concurre al fabricante o concesionario del material que desea y solicita que el mismo le entregue un presupuesto sobre el costo de éste. Con esta factura-proforma se dirige a la entidad financiera y solicita realizar una operación de Leasing. La Sociedad crediticia estudiará la factibilidad del contrato mediante la investigación del rendimiento del material a comprar y el estado financiero del usuario. Una vez considerado esto, se celebrará el contrato de Leasing entre la financiera y el empresario.
La sociedad que otorgó el presupuesto, debiendo comprar únicamente este equipo y ese producto y no otro hará entrega del mismo al usuario, quien se verá obligado a asegurarlo y a pagar un alquiler mientras el material esté bajo su tenencia, conforme lo estipula el contrato de Leasing.
Una vez vencido el plazo contractual, el arrendador podrá hacer uso de la opción de compra; si así lo hiciera deberá abonar el valor residual que establece la convención y podrá mantener el bien en calidad de propietario; si se aceptara la opción, deberá devolver el equipo o arrendarlo, de confor­midad con la entidad de crédito por otro plazo y otro precio a convenir.

lunes, 22 de mayo de 2017

ALGUNOS EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA REGULACIÓN DEL DRAWBACK EN EL PERÚ

El comercio exterior representa una importante fuente de ingresos para un país y en el caso del Perú, constituye una de las actividades económicas más importantes en los últimos años. Por un lado, el sector privado ha desarrollado su oferta exportable y se ha vuelto más competitivo a partir de la especialización de ciertos productos, mientras que, de otro lado, el Estado se ha preocupado en implementar y difundir aquellos mecanismos legales de incentivo a las exportaciones.
En efecto, el sistema jurídico tiene un rol protagónico en la implementación de las políticas de promoción al comercio exterior. En la década de los noventa, nuestro país implementó un régimen de apertura al comercio exterior e interior que tuvo como principales medidas dejar sin efecto las licencias de importación y exportación, levantar las prohibiciones a la importación y exportación de determinados productos, la prohibición de sobretasas arancelarias, dejar sin efecto el control en el tipo de cambio, y principalmente, implementó una serie de mecanismos tributario-aduaneros de incentivo a las exportaciones.
Uno de estos mecanismos de incentivos a las exportaciones fue el Régimen de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios (en adelante, Drawback), el cual permite al exportador recuperar, en todo o en parte, los derechos arancelarios pagados como consecuencia de la importación de insumos utilizados en el producto exportado.

jueves, 11 de mayo de 2017

VALIDEZ DE ACTOS SOCIETARIOS. UNIFICACIÓN O ESPECIALIDAD A PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA ARGENTINA

Con fecha 8 de agosto de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Congreso argentino la Ley 26.994, por la cual se aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación (Código Unificado), vigente a partir del 1 de agosto de 2015, reemplazando al Código Civil de 1869 (conocido como el Código Vélez) y al Código de 1862. La Ley 19.550 de sociedades comerciales se mantiene vigente, aunque con importantes modificaciones.
El Código Unificado tuvo su origen en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, elaborado por la comisión presidida por el doctor Ricardo Luis Lorenzetti e integrada por las doctoras Elena Highton y Aida Kemelmajer de Carlucci. Sus autores señalan en los fundamentos del proyecto[1]:
“La regulación de las personas jurídicas en la parte general de un código civil y comercial unificado se circunscribe a la finalidad de establecer un sistema también general, aplicable a todas las personas jurídicas. Sin embargo, esta puridad dogmática debe ceder a la conveniencia de incorporar las regulaciones de las asociaciones civiles, las simples asociaciones y también las fundaciones. Se establecen en esta parte los ejes de un sistema general de la persona jurídica y de otros propios de una parte general sobre personas jurídicas privadas. Se incluye la definición de la persona jurídica y cómo se atribuye la personalidad y el claro principio de separación o de la personalidad diferenciada con respecto a la de los miembros de la persona jurídica”.

miércoles, 10 de mayo de 2017

EL NUEVO RÉGIMEN DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, A SOLICITUD DE ACCIONISTAS MINORITARIOS

“El derecho a solicitar la convocatoria se ubica dentro del conjunto de los llamados derechos de minorías, conjunto que, a su vez, se sitúa en una problemática más amplia: la de los derechos de las mayorías y de los que corresponden a las minorías accionarias en la sociedad. En esta problemática destaca el tema del abuso de las mayorías y el de la «tiranía de las minorías».
1. Introducción
La Ley 29560[1] modificó la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos[2] [3] (Ley de Competencia Notarial), así como la Ley General de Sociedades No 26887 (LGS), incorporando al ámbito de la competencia notarial las convocatorias a las Juntas Generales y a las Juntas Obligatorias Anuales, a solicitud notarial de los accionistas[4] minoritarios, en los casos de los artículos 117º y 119º de la LGS[5].
Antes de la Ley 29560, en apretada síntesis, frente a la solicitud, el órgano de administración, esto es, el Directorio o el Gerente General[6], tenía tres obligaciones, expresamente previstas en el artículo 117º: (i) dentro de los quince días siguientes, acordar, o decidir en su caso, la convocatoria; (ii) la Junta debía ser convocada «para celebrarse» dentro de los quince   días siguientes a la publicación; y, finalmente, (iii) el aviso de convocatoria «deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar». Si no se convocaba en la oportunidad y formas señaladas o si se denegaba la solicitud, el accionista interesado tenía la facultad de recurrir al Juez para que la convocara, siguiendo al efecto la vía del proceso no contencioso.
El artículo 119º, a su vez, era aplicable cuando la Junta Obligatoria Anual de Accionistas o cualquier otra ordenada en el Estatuto no eran convocadas dentro del plazo y para sus fines o, habiéndose convocado y reunido, no habían tratado los asuntos propios de su competencia. Dada la importancia que la LGS reconocía, y reconoce, a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, bastaba el transcurso del primer trimestre del año calendario[7] para que cualquier accionista quedara legitimado para solicitar directamente al juez (sin necesidad de recurrir al órgano de administración) que efectúe la convocatoria, igualmente, por la vía del proceso no contencioso.
A partir de la vigencia de la nueva Ley de Competencia Notarial, en esos mismos casos, los accionistas interesados podrán acudir, indistintamente, «y/o», al juez para que hagan la convocatoria.

ACC

jueves, 25 de mayo de 2017

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Para un mejor conocimiento de las obligaciones y derechos de las partes intervinientes en este contrato, considero que previo es necesario un análisis de la operatividad del mismo y a tal fin diremos: El empresario que desea equiparse o reequiparse concurre al fabricante o concesionario del material que desea y solicita que el mismo le entregue un presupuesto sobre el costo de éste. Con esta factura-proforma se dirige a la entidad financiera y solicita realizar una operación de Leasing. La Sociedad crediticia estudiará la factibilidad del contrato mediante la investigación del rendimiento del material a comprar y el estado financiero del usuario. Una vez considerado esto, se celebrará el contrato de Leasing entre la financiera y el empresario.
La sociedad que otorgó el presupuesto, debiendo comprar únicamente este equipo y ese producto y no otro hará entrega del mismo al usuario, quien se verá obligado a asegurarlo y a pagar un alquiler mientras el material esté bajo su tenencia, conforme lo estipula el contrato de Leasing.
Una vez vencido el plazo contractual, el arrendador podrá hacer uso de la opción de compra; si así lo hiciera deberá abonar el valor residual que establece la convención y podrá mantener el bien en calidad de propietario; si se aceptara la opción, deberá devolver el equipo o arrendarlo, de confor­midad con la entidad de crédito por otro plazo y otro precio a convenir.

lunes, 22 de mayo de 2017

ALGUNOS EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA REGULACIÓN DEL DRAWBACK EN EL PERÚ

El comercio exterior representa una importante fuente de ingresos para un país y en el caso del Perú, constituye una de las actividades económicas más importantes en los últimos años. Por un lado, el sector privado ha desarrollado su oferta exportable y se ha vuelto más competitivo a partir de la especialización de ciertos productos, mientras que, de otro lado, el Estado se ha preocupado en implementar y difundir aquellos mecanismos legales de incentivo a las exportaciones.
En efecto, el sistema jurídico tiene un rol protagónico en la implementación de las políticas de promoción al comercio exterior. En la década de los noventa, nuestro país implementó un régimen de apertura al comercio exterior e interior que tuvo como principales medidas dejar sin efecto las licencias de importación y exportación, levantar las prohibiciones a la importación y exportación de determinados productos, la prohibición de sobretasas arancelarias, dejar sin efecto el control en el tipo de cambio, y principalmente, implementó una serie de mecanismos tributario-aduaneros de incentivo a las exportaciones.
Uno de estos mecanismos de incentivos a las exportaciones fue el Régimen de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios (en adelante, Drawback), el cual permite al exportador recuperar, en todo o en parte, los derechos arancelarios pagados como consecuencia de la importación de insumos utilizados en el producto exportado.

jueves, 11 de mayo de 2017

VALIDEZ DE ACTOS SOCIETARIOS. UNIFICACIÓN O ESPECIALIDAD A PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA ARGENTINA

Con fecha 8 de agosto de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Congreso argentino la Ley 26.994, por la cual se aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación (Código Unificado), vigente a partir del 1 de agosto de 2015, reemplazando al Código Civil de 1869 (conocido como el Código Vélez) y al Código de 1862. La Ley 19.550 de sociedades comerciales se mantiene vigente, aunque con importantes modificaciones.
El Código Unificado tuvo su origen en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, elaborado por la comisión presidida por el doctor Ricardo Luis Lorenzetti e integrada por las doctoras Elena Highton y Aida Kemelmajer de Carlucci. Sus autores señalan en los fundamentos del proyecto[1]:
“La regulación de las personas jurídicas en la parte general de un código civil y comercial unificado se circunscribe a la finalidad de establecer un sistema también general, aplicable a todas las personas jurídicas. Sin embargo, esta puridad dogmática debe ceder a la conveniencia de incorporar las regulaciones de las asociaciones civiles, las simples asociaciones y también las fundaciones. Se establecen en esta parte los ejes de un sistema general de la persona jurídica y de otros propios de una parte general sobre personas jurídicas privadas. Se incluye la definición de la persona jurídica y cómo se atribuye la personalidad y el claro principio de separación o de la personalidad diferenciada con respecto a la de los miembros de la persona jurídica”.

miércoles, 10 de mayo de 2017

EL NUEVO RÉGIMEN DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, A SOLICITUD DE ACCIONISTAS MINORITARIOS

“El derecho a solicitar la convocatoria se ubica dentro del conjunto de los llamados derechos de minorías, conjunto que, a su vez, se sitúa en una problemática más amplia: la de los derechos de las mayorías y de los que corresponden a las minorías accionarias en la sociedad. En esta problemática destaca el tema del abuso de las mayorías y el de la «tiranía de las minorías».
1. Introducción
La Ley 29560[1] modificó la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos[2] [3] (Ley de Competencia Notarial), así como la Ley General de Sociedades No 26887 (LGS), incorporando al ámbito de la competencia notarial las convocatorias a las Juntas Generales y a las Juntas Obligatorias Anuales, a solicitud notarial de los accionistas[4] minoritarios, en los casos de los artículos 117º y 119º de la LGS[5].
Antes de la Ley 29560, en apretada síntesis, frente a la solicitud, el órgano de administración, esto es, el Directorio o el Gerente General[6], tenía tres obligaciones, expresamente previstas en el artículo 117º: (i) dentro de los quince días siguientes, acordar, o decidir en su caso, la convocatoria; (ii) la Junta debía ser convocada «para celebrarse» dentro de los quince   días siguientes a la publicación; y, finalmente, (iii) el aviso de convocatoria «deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar». Si no se convocaba en la oportunidad y formas señaladas o si se denegaba la solicitud, el accionista interesado tenía la facultad de recurrir al Juez para que la convocara, siguiendo al efecto la vía del proceso no contencioso.
El artículo 119º, a su vez, era aplicable cuando la Junta Obligatoria Anual de Accionistas o cualquier otra ordenada en el Estatuto no eran convocadas dentro del plazo y para sus fines o, habiéndose convocado y reunido, no habían tratado los asuntos propios de su competencia. Dada la importancia que la LGS reconocía, y reconoce, a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, bastaba el transcurso del primer trimestre del año calendario[7] para que cualquier accionista quedara legitimado para solicitar directamente al juez (sin necesidad de recurrir al órgano de administración) que efectúe la convocatoria, igualmente, por la vía del proceso no contencioso.
A partir de la vigencia de la nueva Ley de Competencia Notarial, en esos mismos casos, los accionistas interesados podrán acudir, indistintamente, «y/o», al juez para que hagan la convocatoria.